México, a 14 de junio de 2010

La publicación “Azúcar Roja, Desiertos Verdes. Informe Latinoamericano sobre monocultivos y violaciones al derecho a la alimentación y vivienda adecuadas, el agua, la tierra y el territorio”, coordinada por FIAN (FoodFirst Information & Action Network), HIC-AL (Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina) y Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), será presentada el martes 15 de junio de 10.00 a 15.30 horas en el Salón Digna Ochoa 3, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Avenida Universidad 1449, colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón.

El documento, compuesto por artículos de 26 autores y casos de 11 países latinoamericanos, muestra que el modelo agroindustrial basado en los monocultivos tiene graves impactos en los derechos humanos. Los monocultivos además generan destrucción de la biodiversidad y el ecosistema, deforestación y aumento de gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático.

La publicación fue posible gracias a las contribuciones de una amplia gama de movimientos sociales, ONG, académicos y periodistas que ofrecen sus reflexiones desde su particular perspectiva, experiencia y área de conocimiento. Entre los autores y autoras podemos mencionar a la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Sra. Raquel Rolnik; a Inge Armbrecht de la Universidad del Valle de Colombia, quien participó en el proceso de Evaluación Internacional de Ciencia y Tecnología en Agricultura para el Desarrollo -Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD)-; a Miguel Altieri de la Universidad de California en Berkeley y finalmente a Christian Courtis, experto en derechos económicos, sociales y culturales que elaboró la presentación del Informe.

En el lanzamiento contaremos con la presencia de algunos de los/las autores del Informe como Gerardo Cerdas de la coordinación del Grito de los Excluidos/as Continental con sede en Costa Rica; Natalia Landivar, coordinadora de FIAN Ecuador; Soledad Castro del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAPP) de Costa Rica; Paulo Aranda, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MOCASE) de Argentina; Juan Pablo Soler, de Otros Mundos de Colombia; Gustavo Castro, de Otros Mundos A.C. de México; Mateo Cortes Alto, productor de palma africana del Municipio de Mapastepec de Chiapas. Además, nos acompañarán como comentaristas Carlos de la Torre, de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Aleira Lara, de Greenpeace México.

Antecedentes:

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los monocultivos son la práctica agrícola de cultivar un único tipo de planta en toda una finca o área determinada. El sistema agrícola convencional/productivista, también conocido como modelo agrícola industrial, se caracteriza por preferir los monocultivos y la producción a gran escala, utilizar prácticas de producción intensivas recurriendo fuertemente al uso de capital, tecnología e insumos petroquímicos externos, y orientarse al mercado nacional y cada vez más al global, gracias a la liberalización del comercio agrícola y las políticas de seguridad alimentaria basadas en el comercio internacional.

El tema de los monocultivos actualmente suscita posiciones encontradas entre las empresas agroindustriales, los productores locales y organismos de derechos humanos, debido a que los monocultivos tienen diversos impactos negativos en el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, colectivos e individuales, de poblaciones originarias y rurales, como: el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la vivienda adecuada, los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y el derecho al agua.

En los últimos años, la producción de agrocombustibles (etanol y otros combustibles que se originan procesando el maíz, la caña de azúcar, la palma de aceite, la soya y otros alimentos) se ha convertido en un sector estratégico de inversión para muchos países. Grandes consumidores de energía como Estados Unidos y la Unión Europea están impulsando fuertemente la producción de agrocombustibles para disminuir su dependencia de combustibles fósiles externos, argumentando que constituyen energías “limpias” que reducen las emisiones de gas y la contaminación a nivel mundial.

En América Latina, el avance de los monocultivos para fines agronindustriales y generación de combustibles se ha extendido como parte de las políticas de desarrollo de agencias multinacionales y de los gobiernos nacionales. Actualmente los monocultivos se extienden desde México hasta Argentina.

Los efectos negativos del avance de las empresas agroindustriales y sus monocultivos en América Latina son múltiples. Entre ellos podemos resaltar los desalojos forzosos que provocan violaciones al derecho a una vivienda adecuada y a otros derechos humanos como la alimentación, el agua, la tierra y el territorio, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad de la persona, la seguridad del hogar, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes y la libertad de circulación, entre otros. Las expectativas de lucro generadas por el negocio agroexportador, y más recientemente por el auge de los agrocombustibles, así como el alza en el precio de los alimentos han desatado una fuerte demanda de tierra y agua para expandir los monocultivos. En varios países se ha denunciado que esta expansión ha provocado un gran número de conflictos con las comunidades originarias, que se han visto acosadas y forzadas por diferentes métodos a abandonar sus tierras, según se evidencia en varios de los casos incluidos en el Informe. Los desalojos forzosos de personas y comunidades enteras, realizados en muchos casos de forma violenta por la fuerza pública o por grupos paramilitares, son uno de los métodos más comunes.

Otro de los problemas más graves ligados a la expansión de los monocultivos es la pérdida del acceso a tierras y territorios por parte de la población local. Esta pérdida es causada por acción u omisión del Estado. Varios de los casos analizados en el Informe muestran cómo pequeños campesinos propietarios o con derechos de posesión legalmente reconocidos son presionados a vender sus tierras, sea por medio de ofertas aparentemente lucrativas de compra o por diversas formas de coacción, como las amenazas y el hostigamiento personal. En varias ocasiones, además, los campesinos originarios quedan rodeados por amplias extensiones de monocultivos y expuestos a la fumigación indiscriminada con productos químicos altamente nocivos para la salud.

Un tercer ejemplo es la pérdida de la autonomía y la soberanía alimentaria. En numerosos artículos se indica que antes de la expansión de los monocultivos la población vivía de la siembra de productos tradicionales pero con la transformación de sus campos y la consecuente pérdida del acceso a alimentos los/as campesinos/as se han empobrecido. Además, cuando las fumigaciones de las plantaciones coinciden con la etapa de floración de las legumbres, éstas son afectadas severamente por los herbicidas.

El caso mexicano incluido en el Informe analiza el impuso de la palma africana que se dio a partir de finales de los años 40 y pone especial énfasis en la situación que se vive en Chiapas. En el texto se da cuenta de cómo los recursos presupuestales asignados al sector agropecuario son mayoritariamente destinados al fomento de los monocultivos y a la agricultura de exportación, mientras que el apoyo a los cultivos alimenticios y a la agricultura familiar campesina/indígena recibe magras porciones de los recursos públicos. Teniendo en cuenta los índices de pobreza rural e indígena, y la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar la realización progresiva de los derechos sociales de los grupos más desfavorecidos, el Estados incumple las obligaciones asumidas con su ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1981 al hacer una asignación discriminatoria de recursos públicos a favor de inversionistas y en detrimento de los sectores más pobres de la población.

Confiamos en que esta publicación resulte de interés pata usted y el medio de comunicación en el cual colabora, por lo que esperamos pueda asistir y difundir la información que considere relevante para su audiencia.

Nuestros invitados, que en su mayoría llegarán al DF el día 13 de junio y se quedarán toda la semana, estarán a su disposición para responder a eventuales entrevistas o solicitudes que considere pertinentes

Contacto:

Noé Pineda Arredondo, HIC-AL, e-mail comunicacion@yahoo.es

Maria Silvia Emanuelli, HIC-AL, e-mail hic-al@hic-al.org