La jueza Rosa Falco dispuso las restricciones, que rigen para ambas partes en un radio de 500 metros, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por la abogada Natalia Gramajo en representación de la comunidad contra Canido y dos allegados, Ladislao Letonai y Adrián Corico, señalados en esas denuncias como sicarios.
"Esta es la primera respuesta judicial efectiva durante este largo año de ataques periódicos y violentos, y en la misma se reconoce en este conflicto territorial a la comunidad como poseedora ancestral", dijo hoy a Télam la abogada Gramajo, integrante del equipo jurídico del movimiento campesino santiagueño Mocase-VC.
Entre julio y septiembre últimos, la comunidad Iaku Cachi y el Mocase-VC denunciaron judicialmente varios intentos de desalojo violentos que atribuyeron a grupos armados al servicio de Canido, en el más grave conflicto de tierras de este año, según la evaluación del Comité de Ermergencia de la Jefatura de Gabinete provincial.
Por el último de estos ataques, perpetrado por unas 15 personas el 24 de septiembre de este año, Canido fue denunciado ante el juez Darío Alarcón por instigar la destrucción de viviendas e instalaciones, el envenenamiento de pozos de agua y heridas causadas a un poblador, entre otros delitos.
Tras un ataque similar en julio, la jueza provincial María Martínez Llanos había ordenado restituir sus tierras a la comunidad Iaku Cachi pero sin detener ni desarmar a la "banda armada de entre entre 40 y 50 personas encabezada por Canido" que las había ocupado, informó en ese momento el Mocase-VC.
En este marco, a comienzos de agosto "interpusimos un amparo con el fin de obtener la protección de los derechos de la comunidad y obtener la identificación de los miembros de la banda armada contratada por Canido y liderada por el sicario Lachy Letonai", recordó la letrada.
"Pese a la vía expedita elegida por el equipo jurídico, la respuesta no fue inmediata y desde entonces se sucedieron otros hechos violentos, como el del 24 de septiembre, en el que fue herido un compañero", agregó.
Recién este mes la jueza Falco notificó las medidas que dispuso al hacer lugar al amparo presentado por la comunidad Iaku Cachi.
"Esta medida no sólo protege la integridad física sino también derechos constitucionales violados por el señor Canido y sus empleados, es decir, los derechos a la vivienda, a los bienes, a un ambiente sano y a la libre circulación", señaló Gramajo.
En cuanto a la causa penal a cargo del juez Alarcón, "no existe resolución ni medida alguna, más que el secuestro de dos camionetas identificadas por los miembros de la comunidad" durante el ataque de septiembre, pese a la prueba ofrecida "de todo tipo, documental, testimonial, informativa".
El equipo jurídico del Mocase-VC intimó en esta causa "un pronto despacho" y reservó la posibilidad de ir en queja ante el tribunal de alzada "por la inacción del juzgado de instrucción", concluyó.
