Al respecto, dijo que “los hechos vienen desde 2011 y 2012, en aquel tiempo por octubre de 2011 en el norte estaba muy candente la cuestión de tierras y sufrimos el asesinato de Cristian Ferreyra y luego durante este año y 2012 los empresarios se vincularon entre ellos y empezaron a aparecer otros empresarios en la zona de Ahí Veremos o los parajes Lorena y Consuelo, en el departamento Copo cerca del límite con Salta y Chaco”.

Agregó que “uno de los empresarios de la zona es Pagola y después apareció una empresa fantasma llamada Agropecuaria La Paz que tenía sede en Buenos Aires y las personas que aparecen representando a esta empresa y como coordinador del trabajo de la misma es Carlos Cejas Lescano y otro más de apellido Dutto, que es empresario de la zona de Pinto y Bandera”.

Prosiguiendo con el relato, señaló que “estas dos personas contratan a un matón de la zona de Monte Quemado que se llama “Tala” Aranda que tuvo problemas con la policía por el tema drogas y por estar vinculado a asesinatos. Fue contratado para alambrar unas 1.500 hectáreas de familias originarias de la zona”.
Sostuvo que “estas personas realizaron la denuncia correspondiente en el Juzgado de Monte Quemado y luego Cejas Lescano presenta una nota solicitando una resolución del tema, pero manifestando que él es el coordinador regional de esa empresa Agropecuaria La Paz”.

Olaiz aseveró que no sólo se adueñaron de tierras de familias de pueblos originarios, sino que además “Aranda se enfrentó con los pobladores que lo corrieron porque estaba, a punta de arma de fuego, alambrando todo el campo de la gente de ese lugar”.

Asimismo informó que todo esto está denunciado en sede judicial. “Esta empresa agropecuaria La Paz en noviembre de 2012 termina con el asesinato de otro compañero nuestro que se llamaba Miguel Galván, oriundo de uno de los parajes que estaba alambrando esta empresa”, manifestó y acotó que “el asesinato fue porque defendió su terreno y el territorio comunitario de la comunidad indígena Sin Fronteras, que cuanta con papeles y está registrada tanto a nivel nacional como provincial”.

Comentó que “a Galván lo mata un poblador, en cuya casa paraba Aranda y se prestaba a estas situaciones porque evidentemente recibía dinero, e incluso una moto, y la promesa de que le iban a alambrar sus 200 hectáreas, sembrar pasto y brindar otras comodidades”.

El dirigente del Mocase aseveró que el cuestionamiento a Cejas Lescano, que asumió en febrero de este año, surgió luego de un hecho en el departamento Copo, cerca de San José del Boquerón, “un empresario de apellido Gándara viene con un conflicto con la comunidad de Piruaj, Vilmer y Huiñaj bajo, donde aparentemente compró 17.000 hectáreas. Este conflicto viene desde 2008, pero en este último tiempo Cejas Lescano, haciendo uso de la Secretaría de Agricultura Familiar y del camuflaje que esto le da, convoca a estas comunidades para tratar de llegar a un arreglo o solución con el empresario”.

Sostuvo que “la gente de la zona pensaba que en la reunión Cejas Lescano iba a estar del lado de los campesinos, pero evidentemente es una persona de negocios que está del lado de los empresarios. Además la propuesta que hizo a la comunidad es bastante mala para la comunidad y favorece la entrada del empresario en la zona, donde el conflicto se mantiene”.

También remarcó que “esto genera que las asociaciones de todas las zonas y nosotros como Mocase nos pongamos en alerta”.
Sobre el hecho de que Cejas Lescano admitió delante de un campesino haber participado en el desalojo y las torturas que le propinaron, afirmó que “es cierto, a uno de nuestros compañeros de apellido Rojas lo amenazaron y golpearon y en una de las manifestaciones que realizamos frente a la sede de Agricultura Familiar no negó nada de todo esto”.

Por último, manifestó que aún no decidieron cómo procederán en caso de que el Gobierno nacional no adopte ninguna medida al respecto. Sin embargo, resaltó que “no sirve de nada tener un delegado provincial que no trabaje para el sector de la agricultura familiar y las comunidades indígenas”.
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