Dirigentes del MOCASE-Vía Campesina hablaron con P&M tras el fallecimiento de una mujer cuando enfrentaba a las topadoras de una empresa agrícola para impedir ser desalojada de sus tierras.
La muerte agrava una crítica situación por el avance de los cultivos transgénicos, las fumigaciones indiscriminadas y la intervención de fuerzas policiales y parapoliciales.
Sandra Juárez, una madre de 33 años, murió el sábado pasado por una descompensación al enfrentarse a una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que al igual que otras compañías de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se apoderan de las tierras para emprendimientos agrícolas bajo el modelo sojero.
“Veníamos advirtiendo este hecho, donde el avance del agronegocio es cada vez más fuerte sin importar las consecuencias. Ahora dejó una madre muerta y niños huérfanos. Miles de hectáreas se venían destinando a la soja transgénica, pero ahora ya empezó a correr sangre”, denunció Deolinda Carrizo, encargada de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), en diálogo Política&Medios.
La mujer fallecida, junto a otros vecinos de San Nicolás, departamento La Banda , ubicado a 70 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, denuncian los desalojos por parte Namuncurá S.A desde hace dos años.
Entre febrero y la primer semana de marzo la situación se había agravado y detonó el sábado pasado, cuando las topadoras quisieron pasar por encima de las tierras de la comunidad, “aplastando todo a su paso”, según palabras de Carrizo. El cuerpo de Sandra Juárez, que se había plantado firme con su familia, no resistió más y sufrió un paro cardiorrespiratorio.
El MOCASE responsabiliza por esta muerte a los ejecutores del “modelo agroexportador que se está implementando en nuestro país”, que privan “a las comunidades indígenas de la tierra, de su forma de vivir, de producir su alimento”.
“Se está mercantilizando la tierra y la muerte de personas, como así también el envenenamiento de niños por fumigaciones –otra forma de desalojo indirecta-; mujeres que tienen abortos espontáneos, niños con malformación y otras consecuencias que hoy las estamos viviendo en carne propia, y no quienes dan permiso para la siembra y ordenan quitarnos del medio”, explicó Carrizo.
Según la dirigente, la justicia de Santiago del Estero desconoce la ley que plantea que una persona que vive 20 años en una tierra recibe inmediatamente la posesión de la misma: “Los campesinos que defienden sus tierras terminan siendo imputados, cuando tendría que ser al revés. Hay más de 500 compañeros procesados. Esto es por intereses económicos y políticos, y la justicia falla siempre por los empresarios. Además, la policía actúa en los desalojos, lo cual es ilegal, ya que no pueden hacer tareas adicionales”.
Por su parte, Pablo Orellana, también referente del MOCASE y miembro de la Mesa Coordinadora del Frente Nacional Campesino, denunció que la muerte de la campesina ocurrió en el marco de una brutal represión.
“Hoy la justicia nos castiga hostigando a las familias campesinas con policías, y con guardias blancas, que son fuerzas parapoliciales, policías privados que tienen las empresas, y que tienen la facultad de meter presos a los compañeros porque están arreglados con la policía local”, denunció Orellana.
Ambos entrevistados coincidieron además en que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es responsable y cómplice de los hechos sucedidos.
“Hay responsabilidad en el gobernador quien no da señales de detener esta situación que pone en peligro cotidianamente a un montón de familias. Ya habíamos advertido la posible muerte de una persona, pero nadie nos escuchó”, remarcó Carrizo.
Orellana, por su parte, aseguró que Zamora “se hace la víctima y tiene mucho que ver en todo esto; está arreglado con estas empresas, e, incluso, su Instituto de Producción es pro-sojero. Hicimos muchos comunicados y nunca tuvimos ninguna respuesta de parte suya”.
Daniel Mecca
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