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Diputados nacionales de tres bloques se comprometieron hoy a impulsar una ley de propiedad comunitaria de la tierra y la prórroga de la ley que suspende los desalojos rurales, que rige hasta el 2017, en una conferencia de prensa que ofrecieron junto al movimiento campesino santiagueño Mocase-VC.
Integrantes de los bloques de Peronismo para la Victoria, FpV-PJ y PO-FIT se solidarizaron con la comunidad indígena Iaku Cachi de Santiago del Estero, víctima de un ataque a tiros por el que responsabilizaron al empresario Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos e investigado por estos y otros hechos de violencia en dos juzgados de esa provincia.
"Frente a estos hechos no ha habido aún una respuesta contundente del Estado en ninguno de sus tres poderes, sea en el plano nacional o en el provincial", sostuvo la diputada Silvia Horne al abrir la conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara baja.
Junto a Horne, participaron por Peronismo para la Victoria Lucila de Ponti y Leo Grosso; Néstor Pitrola y Pablo López, del PO-FIT; y Silvina Frana (FpV-PJ), quienes anunciaron que "cuanto antes" miembros de las comisiones de Derechos Humanos y de Población de la Cámara visitarán en Santiago del Estero a las familias afectadas en la localidad de Bajo Hondo y reclamarán respuestas de los poderes provinciales.
Desde el lunes último hasta hoy, la delegación del Mocase-VC expuso su posición a diputados y senadores nacionales de diversos bloques.
En la rueda de prensa, Grosso afirmó que el caso de Bajo Hondo implica una "metodología de apropiación de la tierra" indígena y campesina por parte de empresarios, y añadió que en las denuncias contra Canido se hace "aún más difícil lograr repercusión periodística porque Manaos pauta publicidad en todos los medios".
Pitrola sostuvo a su vez que "la propiedad comunitaria y la pequeña propiedad campesina no entran en este capitalismo sojero".
En nombre del Mocase-VC hablaron integrantes de los pueblos indígenas guaycurú -entre ellos, miembros de familias de la comunidad Iaku Cachi, atacada a tiros en un intento de desalojo violento el 24 de septiembre último- y lule vilela, del este y el norte santiagueño, respectivamente.
Fabián Orellana relató los ataques perpetrados por "bandas armadas al servicio de Canido" contra unas 12 familias de la comunidad Iaku Cachi el 6 de julio de este año y el más reciente del 24 se septiembre, cuando "hirieron al compañero Pedro Campos, destruyeron viviendas, el galpón comunitario, los dos vehículos que teníamos, envenenaron el agua y mataron ganado", entre otras consecuencias de la agresión.
"No es vida lo que estamos pasando", expresó Valeria, de la misma comunidad, quien contó que los chicos llevan "tres meses sin ir a la escuela por temor a que se lleven a uno o los lastimen" y agregó: "Pero sólo muertos nos van a sacar de ahí".
También Pablo Aranda, guaycurú y titular del Consejo de Participación Indígena, señaló que no renunciarán a la lucha por la tierra y rechazó declaraciones de Canido al diario santiagueño El Liberal en el sentido de que sólo tiene conflicto con la comunidad Iaku Cachi.
En el caso del pueblo guaycurú, señaló que en poco más de una década intentó desalojos violentos en Campo del Cielo, Laguna Baya, El Carretel, Campo San Martín y Lote 5, entre otros parajes del este santiagueño.
"También en El Tobita, de donde yo estoy, a 15 kilómetros de Bajo Hondo. Tenemos la carpeta relevada (de posesión comunitaria de tierras), firmada y cuando le hemos dicho que no compre, él compra. Cree que de alguna manera va arreglar, con la metodología de meter miedo", explicó.
Según Aranda, el dueño de Manaos actuó igual con familias del pueblo lule vilela, como en los casos de las comunidades El Tunal y Ashca Cayku.
"Ahí hay un relevamiento (de tierras de comunidades indígenas) de unos 113 parajes, que es un territorio muy amplio, con muchas familias", dijo y aludió a conflictos similares de Canido en otras provincias, como en Palma Sola en Jujuy y en tierras de comunidades wichi en Chaco.
"Nosotros demostramos posesión y tenemos leyes y convenios internacionales que respaldan nuestros derechos, pero no se respetan", declaró a la prensa Ricardo, del puelo lule vilela, y afirmó que "hay complicidad policial, judicial y de sectores de la política provincial" con empresarios que buscan usurpar sus tierras.
En las reuniones con diputados y senadores "les dijimos que no queremos otros muertos como Cristian Ferreyra y Miguel Galván", ambos militantes del Mocase-VC asesinados por sicarios de terratenientes en el norte santiagueño, el primero en 2011 y el segundo al año siguiente, subrayó Margarita, también lule vilela.
