La organización campesina Mocase-VC evalúa pedir juicio político contra dos
"Estamos pensando en pedir juicio político para estos dos jueces (Darío Alarcón y Rosa Falco) porque realmente ellos debieron haber actuado de otra manera en hechos que pusieron en peligro la vida de seres humanos", dijo a Télam Angel Strappazón, cofundador de esa organización campesina indígena santiagueña.
En una entrevista que otorgó junto a Deo Carrizo, también referente del Mocase-VC, Strappazzón sostuvo que "los jueces tienen que actuar dando prioridad a situaciones como estas, de extrema gravedad, que ponen en riesgo la vida de las personas" y agregó que "es la Constitución Nacional la que les exige eso a los jueces".

"Lo único que han hecho hasta ahora es secuestrarle dos camionetas Amarok utilizadas en el intento de desalojo a tiros (de familias de la comunidad guaycurú de Bajo Hondo) del 24 de septiembre último, una a nombre del propio Canido y otra a nombre de un empleado suyo, Jasan Rodríguez", señaló.
Esas camionetas fueron identificadas y secuestradas por la Policía provincial a partir de videos y fotos aportadas por el Mocase-VC y la comunidad Iaku Cachi de la localidad de Bajo Hondo, en el este provincial.
Sobre la gravedad de esos hechos, los entrevistados recordaron que un integrante de la comunidad, "Pedro Campos fue herido por disparos de escopeta, destruyeron todas las viviendas, instalaciones y vehículos, envenenaron el agua y mataron ganado, "en total, unos 14 animales", la mayoría vacas, de las cuales "la mitad murió en ese momento y el resto debió ser sacrificado debido a las heridas que tenían".
Desde julio, cuando las mismas familias sufrieron el primero de tres ataques armados de este año atribuidos a Canido por el Mocase-VC y las víctimas, "las pérdidas son enormes para estas familias", agregaron.
"Lo más grave son los daños psicológicos, físicos y de vínculos, de trama de vínculos, que estos ataques inescrupulosos causan a las comunidades de toda esa región de Bajo Hondo, Campo del Cielo y Pozo del Toba", subrayó Strappazzón, uno de los fundadores hace 26 años del Mocase.
Los ataques recientes, según explicó, fueron contra "la comunidad Iaku Cachi, que a su vez está vinculada a otras comunidades de agricultores campesinos y de pueblos indígenas a lo largo de unos 100 kilómetros de territorio en el este santiagueño, en la triple frontera de Chaco, Santiago y Santa Fe".
"Es una zona muy emblemática de la llamada expansión de la frontera agropecuaria y por cierto de altos precios de la tierra por hectárea", puntualizó.
Familias campesinos e indígenas de esa extensa franja señalan a Canido como responsable de intentos de desalojos violentos, y por uno de esos casos de 2014, en el llamado Lote 5, en el norte santiagueño, la jueza Falco indagó finalmente este mes al empresario, después de postergaciones.
"No son sólo estos jueces. Ahora que el Consejo de la Magistratura (de Santiago del Estero) mandó a juicio político a los jueces Ramón Tarchini Saavedra, María Lucrecia Martínez Llanos y Miguel Ángel Moreno (en una causa por fraude fiscal a la vecina provincia de Tucumán), recién están buscando juntar otras causas" que estaban archivadas, relató Carrizo.
La referente señaló que muchas de esas causas "dormidas" habían sido originadas "en denuncias nuestras de estos años contra Tarchini Saavedra y Martínez Llanos, que tienen una historia negra anticampesina y antiindígena, y habrá que ver cuántas de esas denuncias siguen registradas en comisarías y juzgados".
"Con este tipo de jueces va a seguir creciendo la impunidad de empresarios como Canido", sostuvo Carrizo y citó también el caso del maestro y campesino del Mocase-VC Sergio Levi Arias "apuñalado por un empresario en junio de este año en la zona de Boquerón, en el norte" santiagueño.
El Mocase-VC se esperanzó en que menguara la violencia anticampesina en Santiago del Estero cuando en 2004 "la intervención federal desplazó al juarismo (por el gobernador Carlos Juárez), que tenía funcionarios ligados a la dictadura como Musa Azar", un represor condenado por delitos de lesa humanidad.
También después de los asesinatos de Cristian Ferreyra (2011) y Miguel Galván (2012) por sicarios de empresarios rurales en el marco de conflictos de tierra, "cuando el entonces cardenal Jorge Bergoglio alentó diálogos (entre campesinos y empresarios rurales, entre ellos sojeros) sobre el acceso a la tierra, los modelos y sistemas productivos", detalló y dijo que resultó "un camino más esperanzador de lo que esperábamos".
"Con Canido, socio mayoritario de la firma productora de la gaseosa Manaos, hubo negociaciones auspiciadas por el gobierno de Santiago del Estero y parecían avanzar, hasta que él las rompe en marzo de este año y ya no vuelve a esa mesa que discutía en torno a 1.800 hectáreas, el núcleo del conflicto en Bajo Hondo", relató.
El empresario reapareció "el 2 de julio, con el primero de tres ataques de una violencia inusitada con matones armados a la comunidad guaycurú de Bajo Hondo".
"Todo esto hace que nosotros tengamos que volver a hacer denuncias tanto en el orden nacional como provincial y obviamente ponernos firmes frente al Poder Judicial de Santiago del Estero, incluida la posibilidad de pedir juicio político para los jueces que no actúen como corresponde", concluyó.