Nuevamente, el campo profundo y las comunidades campesinas indígenas, nos plantamos en el Congreso de la Nación trayendo la voz de los pueblos, por nuestra histórica lucha por la tierra y la vida digna, ante el asesinato del compañero Miguel Galván, sucedido el 10 de octubre en el norte de la provincia de Santiago del Estero, a manos de un sicario.

En la audiencia realizada el día de hoy, para reimpulsar el proyecto de ley “Cristian Ferreira” que frene los desalojos, convocada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, se hicieron presentes los diputados Edgardo De Petri, Leonardo Grosso, Julia Perié, Adela Segarra, Araceli Ferreira y la senadora santiagueña Ana María Corradi. Como parte del bloque de organizaciones que presenta la ley, hablaron representantes del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Movimiento Campesino de Liberación (MCL).

Por parte del MoCaSE VC, habló Mirta Salto, mamá de Cristian Ferreyra, quien expresó su deseo de que el gobierno de Cristina Fernández apruebe de una vez la ley de freno a los desalojos, “para que no sigan matando a nuestros hijos por defender la tierra”. La compañera Deolinda Carrizo, observó que es una lucha histórica, los intentos de expulsión de las comunidades campesinas, y que a pesar de haber participado en todas las mesas de diálogo propuestas por el ejecutivo provincial en este último año, se viven continuas amenazas y nuevamente se ha llegado a la muerte de un compañero. “Los compañeros son golpeados en los caminos, las madres no saben si sus hijos van a volver de la escuela”, y resaltó el rol del modelo de los agronegocios y el papel de los empresarios sojeros por arrebatar las tierras.

 El diputado De Petri se comprometió a que desde su bloque parlamentario (FPV) harán lo necesario para que esta ley se apruebe antes de fin de año. Asimismo, se realizará un viaje de legisladores a la zona de conflicto, para constatar las violencias allí sufridas y anunció un nuevo encuentro dentro de 15 días para ampliar el apoyo a más legisladores y organizaciones sociales.

Convocamos a las comunidades y organizaciones sociales, a movilizarse para la toma de conciencia y apoyo a este instrumento legal en defensa de la soberanía alimentaria y el fin de los asesinatos en territorio campesino indígena.

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