Durante la audiencia de ayer se escucharon siete testimonios que dieron continuidad a las indagaciones realizadas la semana pasada. Todos los testigos viven en el lugar donde en el año 2011 fue asesinado el campesino Cristian Ferreyra, y relataron lo vivido desde distintos puntos de vistas. Especial interés tuvieron las declaraciones de tres menores de edad: Adriana Ferreyra, hermana de Cristian; José Ezequiel Cuella; y Hernaldo Maldonado.
Una fuerte tensión se vivió cuando la Presidenta del Tribunal negó el derecho de los niños a declarar sin la presencia de los acusados, a pedido de sus representantes legales. La Dra Elida Suárez de Bravo prefirió privilegiar las garantías a la defensa de los imputados por el asesinato, en contra de los criterios jurídicos mas elementales y también del sentido común.
Baste mencionar, en este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada por la Asamblea General en noviembre de 1989 y entró en vigor en Argentina en 1990, por imperio del Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Existen además otros instrumentos jurídicos internacionales pertinentes, en particular la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005, en cuyo anexo figuran las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. Una de estas directrices exige: “g) El derecho a ser protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia”. Al mismo tiempo que se estipula que “todo niño víctima o testigo de un delito tiene derecho a que su interés superior sea la consideración primordial, si bien deberán salvaguardarse al mismo tiempo los derechos de los acusados y los delincuentes condenados”.
Se trata de una nueva señal de la propensión de los integrantes de la Cámara del Crimen de Primera Nominación de Santiago del Estero a imponer un funcionamiento procesal poco sensible a las necesidades de los sujetos menos favorecidos. Primero fue la negativa a otorgarle el derecho a brindar alegato y exigir penas a las víctimas representadas por el equipo jurídico del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, privando de una potestad importante al campesinado de la región. Ahora se ubica en un lugar secundario el cuidado y la protección de la infancia. El conservadurismo y rigor elitista de la maquinaría judicial deben ser especialmente refrenados en procesos como el que se desarrolla en Monte Quemado, donde un conflicto social de fuerte resonancia está siendo debatido.
Aun así, los relatos de los niños participantes tuvieron gran relevancia. Ellos confirmaron el cobarde hostigamiento por parte de Javier Juárez y su banda a los chicos que acudían a la escuela del paraje. Y afirmaron que mientras los matones amenazaban con secuestrarlos y hacerles daño, mostrando sus armas, el empresario Ciccioli una vez les ofreció que regalaría bicicletas, las cuáles nunca fueron donadas.
