De acuerdo a la agrupación campesina, desde hace más de 10 años, Canido avanza sobre tierras comunales en los departamentos de Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi, en la Provincia de Santiago del Estero. Se trata de más de 4 mil hectáreas en las que por irregularidades en las escrituras, existen hasta 8 dueños por lote. Sin embargo, en ellas viven segundas y terceras generaciones de campesinos indígenas, que además de habitar las tierras, viven de la producción que allí realizan. “Las familias de la zona son poseedoras veinteañales con ánimo de dueño, que nunca pudieron completar las escrituras de posesión por falta de recursos”, explica a Página/12 Gustavo Vasallo, miembro de Mocase. En ese sentido, “empresarios como Canido, aunque no es el único, aprovechan una situación legal confusa para meterse al monte y alambrar diciéndole a las familias que están en desobediencia judicial”, agrega. Consultada por este diario sobre la denuncia del movimiento campesino, la familia que dirige la empresa rechazó hacer declaraciones.

Según relató Farías, quien estuvo presente en la reunión realizada a principios de este mes, “Canido negaba la presencia de familias en la zona que desmontó y alambró, aunque luego de que se hiciera el relevamiento quedó asentado que hay muchísimas familias que además de habitar los terrenos los trabajan”. Por otra parte, el miembro del movimiento campesino contó que el empresario “dijo que lo que tiene no son bandas armadas, ya que para él son ‘custodios’”. En ese sentido, el poblador adelantó que “las familias que habitan la zona no quieren irse a un pueblo ni a una ciudad, quieren quedarse donde están hace ya 6 décadas o más”.

De acuerdo con Mocase, Canido presentó un plan ganadero que fue aprobado por Dirección de Bosques de la provincia, aunque en 2014, el mismo fue suspendido. A pesar de la medida del organismo, las topadoras siguieron trabajando y haciendo uso de los recursos de esas tierras. “A través de denuncias, los pobladores organizados consiguieron que Bosques constate el incumplimiento de la suspensión de su programa, aunque para ese entonces ya había avanzado sobre 500 hectáreas de la que extrajo recursos”, contó Vasallo. Y agregó que “los grupos armados que amenazan a los pobladores están liderados por empleados de la empresa, como el distribuidor de Manaos en Santiago del Estero”.

“La tensión en el lugar sigue porque los grupos armados no se van”, señaló Julián Roqué, y agregó que “el clima que viven hoy los pobladores es muy complicado, teniendo como antecedentes las muertes de Cristian Ferreyra y Miguel Galván, dos compañeros campesinos muertos”. Ferreyra, de 23 años, era oriundo del paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero y formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela, que habita dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. El 16 de noviembre de 2011, según lo denuncia el movimiento al que pertenecía, dos personas encapuchadas llegaron a la casa de uno de sus compañeros y le dispararon con una escopeta al joven referente. Por el crimen, Javier Juárez –considerado el autor material del hecho– fue condenado a 10 años de prisión, en tanto que el empresario agropecuario Jorge Ciccioli –acusado de ser el autor intelectual– resultó absuelto de la causa. Casi un año después, el 10 de octubre de 2012, el campesino Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada por un grupo armado que de acuerdo a Mocase responde, una vez más, a un empresario agropecuario. Por el crimen, la Justicia condenó en un juicio abreviado a 9 años de prisión al autor material. Si bien durante el juicio se mencionó que “por problemas de tierra surge la muerte de Miguel” vinculada a la agropecuaria La Paz S.A., sus directivos quedaron afuera de la causa.