El episodio ocurrió en el departamento Banda.

Organizaciones campesinas, con el acompañamiento de diputados del bloque Compromiso Social y de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, denunciaron el accionar de uniformados que realizaron un “violento” operativo de desalojo en un paraje del departamento Banda. También cuestionaron al juez del Crimen de Primera Nominación que ordenó el procedimiento, al decir que no tuvo en cuenta la derogación del artículo 182 que impide el desalojo mientras se sustancia una causa judicial en un litigio por tierras.
El hecho ocurrió el sábado pasado y como saldo lamentable, una mujer de 33 años, Eli Sandra Juárez, falleció tras una descompensación motivada por el violento momento que le tocó vivir. Juárez junto a integrantes de otras 10 familias del paraje -ubicado a 10 kilómetros de Huyamampa-, intentó interponerse al paso de las topadoras de la firma Estancias Namuncurá SA, de Córdoba, que eran custodiadas por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería. Las máquinas realizaban un trabajo de delimitación del Lote A4 donde la comunidad ejerce la posesión ancestral a través de la actividad agrícola, señalaron los legisladores.
“Creemos que resulta imprescindible investigar las causas del fallecimiento, de por qué Infantería estaba dando protección a las topadoras y cobrando un adicional por eso, cuando está prohibido expresamente, las causas por las cuales la Justicia sigue demorando todo lo que tiene que ver con los derechos posesorios de los campesinos y es sumamente ejecutivo en la violación a la Constitución, como es la aplicación del 182 bis, derogado por esta Cámara, pero que se sigue aplicando”, condenaron los parlamentarios.
Sostuvieron que es necesaria una respuesta contundente ante este hecho y pidieron a la sociedad que acompañe a las organizaciones campesinas y de pueblos originarios que “llevan la parte más dura de esta pelea, porque están perdiendo sus campos”.
Según contaron, el conflicto se aceleró en los últimos 20 días y que un ciudadano español que habría entrado ilegalmente en el país, habría sido quien vendió los títulos en forma supuestamente fraudulenta a la empresa. “Esto viene fraudulento y mal y se ignoran los derechos ancestrales de los ocupantes”, repudiaron.
Rescataron que las familias recibieron la visita del Comité de Emergencia de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete y de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
A su turno, representantes del Mocase y Mocase Vía Campesina, y de comunidades de pueblos originarios, criticaron el accionar de la Policía y de la Justicia y no descartaron realizar una movilización para exigir respuestas por la muerte de la joven mujer. También participaron las ONG El Ceibal, Prade, APDH y la Mesa de Tierras del departamento Ojo de Agua.
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