Conflicto de Tierras en Cruz del Eje
Una vez más se evidencia el conflicto existente entre el modelo del agronegocio y la vida campesina.
El empresario Bautista Casimiro Balduzzi1 volvió a intentar arremeter contra la comunidad de San Antonio, paraje rural al Norte de 55km. de Cruz del Eje, contrariando una manifestación expresa del juez competente para accionar sobre el campo de la familia Ozán2.
El pasado 9 de Septiembre, una topadora contratada por Balduzzi y manejada por Cacho Santucho entró en el campo de la familia Ozán con el objetivo, como reconoce el propio Santucho, de tapar la represa y el único pozo de esta familia (como ya había realizado 5 años atrás con postes y varillas de un corral que él mismo desarmó).
Para accionar dentro del campo de la familia Ozán, Balduzzi contrató a dos servicios adicionales de la policía local con móvil oficial incluido desde donde siguió la escena. Y utilizó un permiso para realizar una picada perimetral en otro campo expedido por Córdoba Ambiente para intentar justificar el uso de la topadora dentro del campo de los Ozán. Es decir, al mismo tiempo engaña a Córdoba Ambiente, utiliza el servicio adicional de la policía para un acto ilegal, y miente al Fiscal de turno invocando una autorización inexistente.
¿Cuánto poder puede tener un empresario que sin autorización judicial puede arrasar con pozos, represas, y hasta con las casas de los poseedores ancestrales?
¿Cómo puede ser que la policía local esté custodiando una acción ilegal?
¿Cómo sentirnos seguros en nuestras tierras si la policía trabaja por contrato?
Ante este atropello, las familias campesinas organizadas se interpusieron frente a la topadora impidiéndole la destrucción del pozo. Otros compañeros fueron llegando y creando una estructura para resistir el tiempo necesario en el lugar.
Vecinos de la Comunidad de San Antonio frenando el avance de la topadora custodiada por la policía. En el interior del móvil policial se encuentra el empresario Balduzzi.
Ante la imposibilidad de justificar la presencia de la topadora en el campo de la familia Ozán, el fiscal recibe una denuncia de obstaculización de la vía pública. Enviando más de doce uniformados en tres móviles, algunos de ellos vecinos de la zona, conocedores de la legítima posesión de los Ozán, y hasta un grupo de elite (GER), pidiendo nombres y documentos y con orden de fichar y prontuariar a los campesinos.
¿De dónde salió ese delito? ¿Hasta cuando van a seguir criminalizando a las organizaciones sociales por defender derechos legítimos?
La foto demuestra como la vía pública no está siendo obstruido y que la topadora está dentro del campo de la familia Ozán.
La situación estaba tan clara que la policía no pudo más que comprobar que el acto era dentro del campo de la familia y que no existía obstrucción de la via publica, limitándose a tomar declaración testimonial de los presentes en la Comisaría de Media Naranja y consecuentemente ordenando que se retire la topadora.
Diferentes cuerpos de la policía y vecinos observando como se retira la topadora
Una vez más, la vida campesina se vio amenazada por el modelo especulador que atenta contra nuestra soberanía alimentaria. Una vez más pudimos comprender cómo se relacionan los poderes para excluir a la vida campesina en la planificación de nuestra sociedad.
Una vez más, se evidenció cómo la organización de las comunidades campesinas nos permite defender nuestro legítimo derecho a luchar por una vida digna en el campo, a producir alimentos sanos para alimentar a los pueblos!
Por eso, caminando hacia el I Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena, las comunidades del Movimiento Campesino de Córdoba nos sentimos dignas y orgullosas de gritar juntas y juntos:
¡Ni un metro más!
¡La tierra es nuestra!
