La audiencia estuvo dedicada a diversos testimonios propuestos por la querella. Se destacaron las intervenciones de Angel Strapazzón y Cariló Olaiz, referentes del MOCASE, quienes brindaron elementos para comprender el contexto en el que sucedió la muerte de Cristian Ferreyra y dar cuenta de la forma en que el Movimiento Campesino se articula con las comunidades, con distintos actores sociales y con el Estado.

Víctor Hugo Puebla (43) no conoce a ninguno de los imputados, tampoco a las víctimas. En su condición de trabajador metalúrgico prestó servicios al MoCaSe para la construcción de receptores de agua, con quienes ha compartido ya más de veinte proyectos. Su testimonio dejó en claro que nunca tuvo altercados o inconvenientes con ellos.

Ángel Strapazon (58) desarrolló una larga exposición sobre el funcionamiento y alcance del Movimiento Campesino desde sus inicios hasta la fecha. Miembro del Mocase desde su fundación, Strapazon aseguró que las comunidades que forman parte del movimiento tienen formas de organización muy diversas y que tres veces al año realizan asambleas generales para decidir las directrices a seguir. En las asambleas se discute todo, no hay una estructura jerárquica del poder, no hay una voz por encima de otra, se debaten todos los problemas, de género, de salud, de educación, económicos. Gracias a la lucha de los campesinos, entre otras causas, en la provincia de Santiago del Estero hay un reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas. En su locución detalló algunos proyectos desplegados por el Mocase, entre ellos seis radios FM (una de las cuales está íntegramente alimentada con energía solar), cinco carnicerías, dos fábricas de queso, además de fábricas de dulces y productos en escabeche. También se han dedicado a conseguir recursos y generar tecnologías (colectores de agua, biogás). Existen otros proyectos como la Universidad Campesina de ojo de Agua (UNICAM), que está en proceso de construcción. Y las escuelas Agroecológicas (en Quimilí).

Según Strapazon, la inteligencia popular es cada vez más necesaria y para hacer andar un modelo que incluya este saber es necesario el dialogo, con el Estado, con los empresarios, con la sociedad civil. Señaló la participación activa del MoCaSe en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC), en la Vía Campesina, y en las asambleas de la FAO que se celebran tres veces al año. Por otra parte, muchas familias campesinas venden sus productos hacia el exterior. En Ojo de Agua hay más de 1800 familias que producen cuero y se los venden a los alemanes. También se refirió a un reciente encuentro que tuvo con el Papa Francisco, quien se mostró muy preocupado por la muerte de Cristian. Para Strapazon, la muerte de Cristian no es un hecho aislado: "Con el Juicio se está poniendo en discusión también el tema del hambre, es decir: cómo se producen alimentos y la cuestión de la soberanía alimentaria".

Luego, declaró Cariló Olaiz (37), ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires. Conoció a Cristian Ferreyra cuando construyeron los aljibes en su comunidad, en el año 2007. Olaiz explicó que ya en el año 2009 el empresario tucumano Luque cerca el territorio de San Bernardo y se gestan una seguidilla de conflictos con los campesinos de la región, dado que el alambrado corta caminos vecinales. Apoyado en imágenes satelitales (que la Jueza no aceptó como evidencia), mostró cómo se han ido desplazando los alambrados y los desmontes durante los últimos años. En el 2011 la conflictividad en la zona se agudiza porque comienzan a desmontar un territorio de mil hectáreas. El 8 de abril de ese mismo año se presenta la primera denuncia por una topadora que había en el lugar. El propio Olaiz denunció la situación en reiteradas ocasiones ante la Comisión de Bosques. Sin embargo, el plan de desmonte solo fue detenido hasta seis meses después del asesinato de Cristian Ferreyra, momento en el que se suspenden en toda la provincia. "El Estado tuvo que esperar a que muera alguien para tomar una medida", dijo Olaiz .

Terminada su exposición, la defensa preguntó si reconoce que Campo de Mayo y San Bernardo son dos propiedades distintas, a lo que Cariló respondió que él había hablado de 2 parajes y no de 2 propiedades. El paraje es un caserío donde hay viviendas y tiene alrededor un campo (monte) donde es posible extraer madera y alimentar el ganado. El paraje no tiene título de dominio. La defensa vuelve sobre la distinción de las propiedades y Cariló insiste que no se puede hacer esa distinción.

La última declaración de la jornada matutina fue la de Lorena del Valle Juárez (38), la psicóloga que atendió a las víctimas. En un principio comenzó a trabajar con Godoy y su esposa, a quienes se acercó cuando éste fue internado en el hospital debido a la herida de bala que recibió de parte de Francisco Javier Juárez. Ambos presentaban un cuadro de estrés post traumático. Luego conoció al resto de las victimas en quienes también observó los mismos síntomas de estrés. Juárez contó que el caso más complejo es el de Sergio Ferreyra, el más afectado, quien ha desarrollado un cuadro depresivo y sólo puede mantenerse estable estando fuera de la zona del conflicto. Señaló que hay un cúmulo de sucesos que fueron provocando estrés en las victimas y que se venían dando con las sucesivas amenazas a las que estaban sometidos, estallando con el crimen de Cristian.

Claudia Ríos (37) conoció a Cristian Ferreyra como coordinadora del Comité de Emergencia para la Resolución de Conflictos de Tierra de la provincia de Santiago del Estero (Jefatura de gabinete provincial) organismo encargado, entre otras cosas, de recepcionar las denuncias por conflictos de tierras. En este contexto es que recibió el llamado de José Cuellar, quien le pidió intervención por el conflicto que estaban teniendo en su comunidad. En agosto del 2011 se apersonan en el lugar, cuando van arribando al paraje de San Bernardo ven maquinarias fuera de la casa de Palomo. Cuando llegan a la casa de Cristian Ferreyra los recibe Mirta Salto, después de unos minutos sale Cristian con su hijo en brazos y comienzan a llegar los vecinos de la comunidad para reunirse con ellos. Durante la reunión relatan el hostigamiento y las amenazas que han sufrido por parte de los hermanos Juárez. Cuentan que sus hijos ya no están asistiendo al colegio debido estas amenazas y denuncian también la presencia de topadoras en el lugar. El Comité de Emergencia da aviso del conflicto a la Dirección de Bosques, remitiéndole un informe técnico sobre la situación.

Los abogados querellantes se sorprendieron de la existencia de dicho informe y pidieron incluirlo como prueba mediante un recurso de reposición. Por su parte, tanto la Fiscalía como la defensa afirmaron que el informe no es relevante, por tanto estiman que no es conveniente incluirlo como prueba. La defensa adujo que la parte querellante conocía el informe, pues las propias víctimas habían participado de la confección del mismo, y pidió que la petición fuera rechazada. El tribunal rechazó el recurso de reposición por considerarlo improcedente y extemporáneo.

Luego comenzaron las preguntas de la defensa centradas en los sucesos posteriores a la entrega del informe técnico a la Dirección de Bosques. Ríos relató que el accionar del Comité de Emergencia depende de las condiciones de cada caso, según el tipo de denuncia. Ríos relata que la Dirección de Bosques le contestó al Comité que el titular registral del terreno en disputa era Ciccioli y que autorizaban al empresario un plan de desmonte y que el Comité no informó a la comunidad pues “no le corresponde al comité dar aviso de las resoluciones y la titularidad registral de los terrenos, sino a la Dirección de Bosques”.

Los últimos en prestar declaración fueron Alfonso Salazar (75), Antonio Cesar Galván (29) y René Galván (47). Los testimonios fueron muy escuetos y difusos, particularmente el de Galván, que se situó como testigo presencial de la muerte de Cristian, sorprendiendo a todo el auditorio. En un primer momento la defensa hizo la petición para que Galván fuera careado con los demás testigos presenciales, pues su versión de los hechos no coincide con lo planteado por los demás testimonios. Sin embargo, hacia el cierre de la jornada desistieron de la petición de careo por considerar que extendería en demasía el proceso del juicio.