Minutos antes de la 9 de la mañana más de cien personas ya estaban apostados frente al tribunal, en su gran mayoría integrantes de organizaciones campesinas y veedores de la agrupación Carta Abierta de Tucumán. Esperaban la llegada de los jueces, fiscales y abogados, para ingresar a la sala, previo registro de las fuerzas de seguridad.

La Presidenta del Tribunal abrió la sesión con la lectura de una carta enviada por la Asamblea de Derechos Humanos de Mar del Plata. El organismo señalaba la existencia de varios elementos irregulares en el proceso, entre ellos el trato discriminatorio hacia testigos de las víctimas y el hecho de que menores de edad hayan sido llamados a declarar frente a los acusados, violando los derechos de protección al niño. La carta concluye diciendo que si el tribunal a cargo del juicio no toma en cuenta estas irregularidades observadas, se denunciará ante instancias internacionales de Derechos Humanos.

La misiva generó un revuelo de opiniones. La Jueza indicó que dio lugar a la lectura de la misma para que fuera conocida por todos y no para generar opinión. Los abogados de la defensa y el fiscal pidieron copia para responder en términos legales. Luego comenzaron las declaraciones de los testigos convocados por la defensa de los imputados por el asesinato de Cristian Ferreyra.

El objetivo evidente de cada uno de los testimonios consistió en demonizar al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSe), mostrándolo como una organización violenta y peligrosa para la vida de algunos campesinos. Sin embargo, ningún testigo pudo demostrar relación conflictiva alguna con las víctimas. Tanto la jueza como los querellantes pusieron en claro que los hechos relatados no formaban parte del objeto del juicio. Tomamos una frase que nos llamó la atención y puede ser leída como una clave interesante para entender qué se discute en este juicio: “antes se respetaba la propiedad, se respetaba al fisco; ahora ellos (los campesinos organizados) quieren quedarse la tierra y no respetan al fisco”.

La mayoría de los testigos que desfilaron en la sesión vespertina trabajaban para el empresario e imputado Jorge Antonio Ciccioli, quien no los contrataba directamente. Lo hacía a través de un señor de apellido Cesaretti y del propio Javier Juárez, el asesino de Cristian Ferreyra. Otros testigos manifestaron los altercados que tuvieron con miembros del MoCaSe al querer alambrar y desmontar las tierras comunitarias.

Al término de la audiencia, uno de los imputados por amenazas, Carlos Abregú, pidió declarar por primera vez en lo que va del proceso. Dijo que trabajaba para el empresario Ciccioli y había sido contratado por Carlos Juárez para hacer postes y vigilar el campo. Se negó a responder preguntas de la querella, sólo respondió a la jueza y al fiscal.