Antes de comenzar a la cuarta semana del juicio a los asesinos de Cristian Ferreyra, en Monte Quemado se desató una tormenta diluviana. La ciudad amaneció inundada, pero aún así la presencia de campesinos frente a las puertas del salón donde se celebran las audiencias es notable. Ellos certifican con su presencia la importancia histórica de este proceso. Mientras, se acerca el final de la etapa de debate.
La jornada comienza con un curioso careo, a propósito del testimonio durante la segunda semana del juicio del campesino René Galván, quien para sorpresa de todos declaró que había presenciado el crimen, lo cuál no es cierto. El procedimiento preocupa a los miembros del MOCASE, pues podría derivar en el encarcelamiento del Galván por falso testimonio. Sergio Ferreyra, primo de Cristian, es el encargado de conversar con él. Le pregunta, en tono calmo, por qué mintió. René Galván declara que estaba descompuesto y con graves problemas de presión, y presentó un certificado médico que la jueza rechazó. Los fiscales y abogados de la defensa desistieron de todo pedido de detención, pero el defensor Frola aprovechó para sugerir que Galván es “una víctima manipulada por gente más arriba”, que la querella “le estaba tomando el pelo” y solicita una investigación a la que el Tribunal da curso.
Luego, es el turno de los cuatros peritos en balística, tres de los cuales sólo convalidan sus firmas en las actas libradas durante el proceso, mientras que uno de ellos, Juan Consi, afirma que no se puede determinar el tipo de arma con la que se mató a Cristian. Se pudo establecer sólo el calibre, que sería de doce milímetros.
Al finalizar la sesión matutina el empresario Jorge Antonio Ciccioli, el protagonista principal de este juicio, accedió a declarar por primera vez en el proceso. Ciccioli negó todas las acusaciones y dijo no entender por qué llevaba tres años presos. Enfatizó que nunca le entregó armas a nadie. “No soy un poderoso productor sojero, soy simplemente un pequeño productor agropecuario”. Según él, tuvo que vender un campo de 160 hectáreas en Santa Fe para comprar otro de 1860 hectáreas en el paraje San Bernardo. El territorio de la disputa. La compra fue en febrero de 2011 y el empresario se cercioró de la legalidad de los papeles dominiales. El vendedor fue un tal Luque, de Tucumán. Según manifestó, no tenía idea hasta entonces de la existencia del MOCASE. Pero en abril los campesinos le cortaron 17 km de alambre. Según él las topadoras no habían comenzado el desmonte porque el permiso de la autoridad de Bosques estaba a nombre del anterior propietario. Después del intento de desalambrar mantuvo una reunión con el abogado Antenor Ferreyra, representante legal del Movimiento Campesino. Acordaron una segunda reunión, mientras tanto él detuvo todos los trabajos. Pero en el interín ocurrió el asesinato de Cristian Ferreyra. Con el objetivo de desprestigiar las intenciones del MOCASE, señaló que en una ocasión habló por teléfono con Cariló Olaiz, ingeniero agrónomo y militante del Movimiento Campesino, quien le habría pedido la mitad del campo para él. Y dijo que grupos armados del MOCASE atacaron violentamente las topadoras, golpearon a los empleados y los secuestraron. Y que si sus trabajadores hubiesen tenido armas habría ocurrido un desastre. Al concluir el testimonio afirmando su absoluta inocencia, Mirta Noemí Salto, madre de Cristian Ferreyra, gritó desde el público: “vos has matado a mi hijo”. Luego, Mirta se descompuso y fue retirada de la sala.
Terminada su declaración, el empresario imputado concede responder sólo las preguntas de la defensa y la fiscalía: “no voy a responder a la querella, que es malintencionada”. La fiscal Ana María González Ruíz le preguntó por qué si Juárez había sido contratado sólo para poner postes, el empleado andaba armado en sus campos. La presidente del Tribunal, Elida Suárez de Bravo, rechazó la pregunta “por improcedente”.
Por último, Ciccioli pidió al tribunal que fuese independiente y trasmitió la información de que, mientras él se encuentra detenido, el MOCASE estaba haciendo dos represas en su propiedad.
La sesión vespertina se inició con el testimonio de la abogada Ana Alsogaray, quien patrocinó al agroempresario Ciccioli en un pleito laboral por lesiones del operario Ramón Sánchez, que supuestamente fue herido por miembros del MOCASE. Antes, el mismo Ciccioli le había solicitado asesoramiento cuando los campesinos arrancaron los alambres del campo San Bernardo. La doctora Alsogaray recordó que fue ella quien promovió el encuentro entre Ciccioli y Antenor Ferreyra, quien en ese momento era abogado del MOCASE. Fue una entrevista breve de unos veinte minutos, en su estudio de Santiago del Estero, y se acordó realizar una nueva reunión en el terreno de San Bernardo, con los campesinos del MOCASE implicados. Ese cónclave nunca se concretó porque antes aconteció el asesinato de Cristian Ferreyra. Alsogaray estaba en Buenos Aires y se enteró del hecho a través de la televisión, por una marcha a la casa de Santiago que denunciaba el hecho. En ese momento Ciccioli la llamó para pedirle que lo patrocine y ella se negó por motivos profesionales. La abogada narró que sólo vio al empresario en tres o cuatro oportunidades y que nunca pudo hablar con él en profundidad, pero considera que Ciccioli pecó de no comprender cómo es la situación de tierras en la provincia: “acá en Santiago es muy difícil el tema de las tierras. Los títulos no siempre coinciden con la realidad geográfica”. Además, le recomendó que evitara conflictos con los pobladores de la zona, que tratara de llegar a un acuerdo. Confirmó que el agro-empresario poseía los papeles de renta, la escritura y actas de constatación, y que esos papeles “podrían haber estado en orden pero el problema es que los títulos no siempre coinciden con la realidad geográfica”. En relación a las actas dijo: “Dudo que la escribana que certificó el acta de constatación haya recorrido todo el campo”. Por último, concluyó: “acá se vive tranquilo cuando se concilia. Y los no santiagueños que concilian, viven tranquilos”.
La declaración de Diego Orellana, de 29 años, obrero forestal residente en la localidad de Nueva Esperanza y ex empleado de Ciccioli, fue en el mismo sentido que lo expuesto por la mayoría de los testigos de la defensa: criminalizar el Movimiento Campesino. Actos de violencia, secuestros, amenazas con armas, etcétera.
Al final de la jornada se escuchó la declaración de Javier Juárez, el asesino de Cristian Ferreyra. Según su relato, el 16 de noviembre de 2011, la víctima y Darío Godoy andaban amenazando con quemar y romper los postes del campo de Ciccioli. Él andaba con su moto por la calle y pasó por la casa de Godoy, quien lo llamó. Entonces discutieron y apareció Cristian para amenazarlo: “mirá que nosotros no vamos presos, somos del MOCASE y estamos amparados”. Vio que Cristian tenía algo en la cintura. Después se acercó Sergio Ferreyra y le sacaron las llaves de la moto, lo patotearon y cuando iban a pegarle sacó el arma: “nunca quise matar, solo me defendí”. Luego describió “detalladamente” cómo lo habrían golpeado, le tiraron la moto al piso, le sacaron una foto. Dijo que él quería dialogar pero los que todo el tiempo tuvieron una actitud amenazante fueron los Ferreyra. El fiscal le preguntó porque llevaba la escopeta y contestó que era para cazar y que casi siempre andaba con la escopeta porque “en el campo es así, porque uno no consigue carne todo el tiempo y tenés que arreglarte con los animalitos que encuentra”. Le preguntaron sobre la relación con Ciccioli y dijo que era de tipo laboral, que le conseguía gente para hacer postes, que él se dedicaba a hacer postes y además tiene su carnicería. Le preguntaron qué hizo con el arma con la que mató, que nunca pudo ser secuestrada y contestó que no se acordaba. Le preguntaron si sabía de los problemas entre sus vecinos campesinos y los empresarios que decían ser dueños de campos y dijo, como haciéndose el desentendido, que sí.
El abogado de la querella Oscar Rodríguez pidió que se hiciera un careo entre el imputado Javier Juárez y las víctimas Sergio Ferreyra, Beatriz Juárez y Viviana Ferreyra, porque eran totalmente contradictoria las declaraciones que habían brindado. Mientras los jueces deliberaban si conceder el careo, intervino el abogado defensor diciendo que el imputado tiene derecho de negarse al careo. “Es más, mi cliente quiere hacer el careo pero nosotros le vamos a recomendar que no lo haga”. Entonces la Presidente del Tribunal le preguntó a Javier Juárez si accedía al careo y el acusado respondió que sí, que claro, “estoy totalmente dispuesto… pero como mis abogados me recomiendan que no, no acepto”. El acting resultó poco creíble.
Mientras tanto, a la puertas del salón donde se desarrollan la audiencias las actividades organizadas por los campesinos se llevan a cabo con intensidad. Una variedad de talleres sobre género sesionan en el día de la no violencia a la mujer. Los discursos amplificados por altoparlantes se escuchan dentro de la sala donde se ubica el Tribunal. Al terminar la jornada del martes, los abogados querellantes que representan el MOCASE se reunieron con los campesinos en el campamento organizado en el Polideportivo del pueblo. El doctor Oscar Rodríguez explicó que el juicio llega a su fin, que ya están todas las pruebas presentadas, lo único que resta son pruebas documentales. Por lo tanto, están las cartas puestas sobre la mesa, y el Tribunal ya tiene los elementos para decidir.
La décima audiencia del juicio, realizada hoy miércoles 26 de noviembre, duró poco más de una hora. Se presentaron unas pocas pruebas documentales y no ocurrió nada significativo.
En frente del tribunal, Deolinda Carrizo, integrante del equipo de comunicación del MOCASE y coordinadora de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC), brindó sus impresiones sobre lo sucedido en la importante jornada de ayer: “las declaraciones de Ciccioli estuvieron dentro de lo esperable. Se trata de un señor que bajo ningún punto de vista va a asumir su responsabilidad como instigador del conflicto que terminó con la muerte de Cristian. El no sabía nada y no hizo nada. Sin embargo, y esto es lo llamativo, sigue creyendo que es dueño de un campo que nosotros consideramos territorio campesino. En cuanto a Javier Juárez su testimonio fue bochornoso, plagado de mentiras y miserable éticamente. Sobre todo cuando amagó aceptar el careo con nuestros compañeros que estuvieron ese día, a pedido de la jueza, y dijo que él quería pero sus abogados le recomendaban no hacerlo. El testimonio más importante fue el de la abogada Ana Alsogaray, quien en algún momento asesoró legalmente a Ciccioli. Ella dejó claro que los empresarios que vienen a usar la tierra de Santiago del Estero saben de los conflictos y la complejidad que existe en la Provincia. Y que, por lo tanto, Ciccioli sabía que su título de propiedad no era una garantía de posesión. Cuando ambos se reunieron con nuestro abogado Antenor Ferreyra, quedó claro que se necesitaba una conciliación, sin la cual el conflicto podría complicarse. Por eso Ciccioli y Juárez decidieron atacar, y lo asesinaron a Cristian. Ese mismo odio hacia la gente organizada, ese mismo desprecio, es el que hoy sus abogados reproducen cuando convocan a testigos que quieren hacer creer que los violentos somos nosotros”.
Las palabras de Deolinda trasmiten fuerza y mucha emoción a los campesinos presentes, que no se retiran del lugar sin antes limpiar cuidadosamente el espacio que ocuparon durante los días del juicio.
En Monte Quemado todos se preparan para la etapa decisiva del juicio, que continuará el próximo martes 2 de diciembre, con la lectura de los alegatos.
