La Justicia ordenó la restitución a la comunidad Iaku Cachi de sus tierras en el nordeste de Santiago del Estero pero sin detener ni desarmar a la "banda armada de entre entre 40 y 50 personas encabezada por el empresario Orlando Canido, dueño de las gaseosas Manaos", que ocupó ayer durante varias horas esa posesión comunitaria y destruyó viviendas e instalaciones, informó hoy el movimiento campesino Mocase-VC.
"A eso de las 19 de ayer llegaron al lugar dos combis policiales con la notificación de la jueza María Martínez Llanos de echar para atrás la orden de desalojo que ella misma había dispuesto y de restituir la posesión a la comunidad", dijo a Télam Deo Carrizo, referente de esa organización campesina santigueña.
En ese marco, las personas "armadas y encabezadas por Canido y el matón Lachi Letonai, antes de abandonar el lugar y delante de la policía, incendiaron las casas de las familias", denunció el Mocase-VC, expresión santiagueña del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), a través de un comunicado de prensa.
Carrizo precisó que, durante la ocupación de varias horas de tierras de la comunidad guaycurú Iaku Cachi, en el paraje Bajo Hondo, "la banda destruyó y quemó las casas de al menos 7 de las 20 familias" que la integran.
De hecho, la organización consignó la destrucción de "tres carpas, un galpón" y denunció que, también, las personas que irrumpieron violentamente en las tierras comunitarias "mataron vacas, chanchos, cabras y gallinas, entre otros daños aún no contabilizados en su totalidad".
El Mocase-VC respaldó con un video y fotos sus denuncias contra Canido y, en particular, la afirmación de que lo acompañaban personas que exhibían armas largas y cortas.
Al igual que lo ocurrido el lunes pasado con otra información vinculada a este mismo paraje, antes de cerrar esta información, Télam intentó infructuosamente obtener hoy la versión de la empresa mediante reiterados llamados a teléfonos de Refres Now S.A., la embotelladora de gaseosas Manaos (su marca más publicitada) en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza, propiedad de la familia Canido.
"Los intentos de Canido de apropiarse de tierras en Bajo Hondo, unos 80 kilómetros al este de Quimilí y también de otras comunidades fueron parte de los casos expuestos la semana pasada al ministro de Justicia santiagueño, Ricardo Daives, por las principales organizaciones campesinas de la provincia", recordó Carrizo.
En esa reunión, de la que participaron también la otra rama del Mocase, la Mesa Provincial de Tierras y representantes de otras organizaciones campesinas y comunidades indígenas un preocupación central expresada a Daives fue la violencia campesina de bandas armadas al servicio de empresarios rurales y la complicidad que muchas veces, señalaron, muestran policías y funcionarios de la justicia provincial.
"Nosotros seguimos en estado de alerta y convocándonos porque a la gente que trajo Canido no la han desarmado y andan rondando en la zona de Bajo Hondo y, también, en Quimilí, donde Manaos tiene su distribuidora", dijo Carrizo.
La ocupación de ayer se concretó después de que el sábado pasado Orlando Canido y personas armadas que lo acompañaban ingresó por la fuerza a una casa de la misma comunidad en la que, en ese momento, sólo había dos mujeres y ocho niños, donde el grupo "amenazó, quemó corrales y envenenó el pozo de agua", según informó el lunes último el Mocase-VC.
En mayo último, la misma organización había sido denunciado a Canido por un intento de desalojo violento de siete familias poseedoras ancestrales de tierras en Bajo Hondo y señalado que aquel ataque fue perpetrado pese a que se hallaba en curso una negociación por este conflicto con participación de la Mesa de Diálogo y del Comité de Emergencia creado por el gobierno provincial.
En los últimos dos años, Canido fue denunciado por intentar quedarse con tierras de diversas comunidades campesinas e indígenas de los departamentos de Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi, en Santiago del Estero, y también en la provincia de Jujuy.
En el caso de Lote 5, en Moreno, una banda armada presuntamente enviada también por Canido fue desarmada y detenida por policías provinciales de la unidad especial Getoar y organizaciones campesinas denunciaron al empresario por varios delitos contra sus integrantes y comunidades.
